MANUAL GESTIÓN PÚBLICA

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Como afirma VILLAR PALASI, la “Ley reina, pero la jurisprudencia gobierna”. El

art. 1.6 CC dice que “ La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la

doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar

la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho ”.

Garrido Falla, seguido por la mayor parte de la doctrina, afirma que no existe la

menor duda de que la jurisprudencia no puede incluirse en la enumeración de fuentes

del Derecho Administrativo, pues tiene únicamente el carácter de fuente indirecta y

auxiliar, que puede ayudar a tomar la decisión. En definitiva, la jurisprudencia por sí

sola no integra el ordenamiento jurídico. Es especialmente significativa la

jurisprudencia dictada en recursos de casación en interés de Ley, tanto por el Tribunal

Supremo, como por los Tribunales Superiores de Justicia.

Especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Regulada en el art. 164.1 CE, la doctrina dictada por el Tribunal Constitucional

en sus sentencias tiene la misión fundamental de establecer la interpretación auténtica

del contenido del texto constitucional, estableciendo, con un valor cuasi normativo, el

marco en el que se tiene que desenvolver los juzgados y tribunales, el legislador

(nacional y autonómico) y la Administración en sus relaciones con los ciudadanos e

incluso con las otras Administraciones. Como dijo García de Pelayo, “que si bien el

Tribunal Constitucional no tiene la facultad de legislar, si tiene la de establecer

vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”.

Este importantísimo valor ha llevado a la doctrina mayoritaria, a sostener que la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional es una fuente indirecta que sirve para

establecer cuál es la interpretación que debe hacerse del resto de fuentes directas.

El ejemplo quizá más claro de lo dicho lo tenemos en las llamadas “sentencias

interpretativas”.

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