MANUAL GESTIÓN PÚBLICA

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Posteriormente, el Gobierno, tras este procedimiento de consulta pública puso a

disposición de toda la ciudadanía el Anteproyecto de Ley en el mismo momento en

que éste era remitido en mayo de 2012 para su informe a la Agencia Española de

Protección de Datos y al Consejo de Estado.

El informe de la AEPD se centra, como es menester en estos casos, casi

exclusivamente en la protección de datos, sobre todo en el artículo 11 del

Anteproyecto titulado “Protección de datos personales” y hay que decir que muchas de

sus sugerencias han sido finalmente incorporadas primero al Proyecto de Ley y luego

a la propia Ley y que será en este punto donde previsiblemente surjan en la práctica

muchos problemas de armonía entre el ejercicio de dos derechos, el derecho de

acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales.

Respecto del Dictamen del Consejo de Estado y en lo que a contratación pública

se refiere, el superior órgano consultivo del Estado objetó que debido al carácter

horizontal de la norma pueden surgir diversos conflictos de coexistencia entre la ley de

transparencia y las distintas regulaciones sectoriales, concretamente respecto a la

publicidad de contratos en el sector público, por lo que cabe una tendencia en algunos

casos a que no se llegue a identificar cuál es la norma de aplicación preferente ni el

carácter de la disposición proyectada. Asimismo, el Consejo de Estado objeta en su

Dictamen que no se solicitara informe del Anteproyecto a la Fiscalía General del

Estado, ni al Ministerio de Defensa, ni a las Comunidades Autónomas, ni al Centro de

Estudios Políticos y Constitucionales, que agrupaba a los expertos que trabajaban en

el texto.

Precisamente fue ahí, en esa remisión en mayo de 2012 donde se produce otro de

los puntos ‘negros’ en la tramitación de la Ley y es que no se llegó a escuchar al

comité de expertos integrado por 38 personas y designado por el Centro de Estudios

Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia y

Administraciones Públicas, dado que el Consejo de Ministros de 18 de mayo de 2012

dio luz verde al Anteproyecto de Ley de Transparencia sin que este grupo de expertos

concluyera su debate.

En ese momento el comité solo había analizado la mitad de la norma, el Capítulo I,

teniendo convocadas otras dos reuniones para abordar el Capítulo II y el análisis y

debate de propuestas, respectivamente.

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