6 Ética de las Finanzas 180718

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a nivel académico como en las empresas y mercados, por lo que muchos estudiosos de estos temas hemos tenido que reflexionar y tratar de buscar solución a la aparente aporía.

Así se ha argumentado, como decíamos en el apartado anterior, que el objetivo financiero ayu- da mejor a una correcta asignación de los recursos. Efectivamente, las empresas, dirigidas por sus propietarios o por aquellos en los que ellos delegan (los directivos), tratarán de producir lo mejor posible y con los menores costes para aumentar su demanda y sus beneficios (lo que llevará a aumentar el valor de la empresa), logrando una óptima asignación de los recursos. Vemos aquí un razonamiento en la línea de la mano invisible de Adam Smith. De igual manera, si aceptamos el objetivo financiero, también los directivos podrán ser más fácilmente incenti- vados, estableciendo sistemas de retribución ligados a la creación de valor (participaciones en beneficios, retribución en parte con acciones de la compañía…), alineando, de esta manera, los objetivos de los directivos con el objetivo financiero de la empresa. También pueden ser controlados más fácilmente en función de su grado de cumplimiento del objetivo. Pero bajemos un poco más a lo concreto y planteemos algunas posibles situaciones reales. Supongamos una empresa que, llena de buenas intenciones, establece unos sueldos mucho más altos para sus trabajadores que los de la competencia, en aras de satisfacer sus demandas; es posible que esa política le lleve a producir más caro, a perder clientela y a acabar teniendo que despedir a algunos de sus trabajadores. O imaginemos una empresa que se autoimpone comprar carbón nacional (que por lo que conviene al argumento, supondremos que es más caro y de peor calidad que el de importación) para así ayudar a los trabajadores de la minería; es probable que si la diferencia de coste es alta tal empresa pierda competitividad y reduzca su actividad y su plantilla. Como estos podríamos poner muchos ejemplos. Lo que argumentan algunos partidarios del objetivo financiero es que, en una sociedad democrática, son los parla- mentos los que tienen el mandato de dictar las leyes que nos llevan al bien común. En conse- cuencia, que sean los parlamentos (o las instancias a las que corresponda) los que establezcan un salario mínimo más alto o unos incentivos al consumo de carbón nacional, para que todas las empresas se encuentren en igualdad de condiciones y que no sean las más responsables las que, al final, se encuentren en peor situación. Marcado el campo de juego (es decir, establecido el marco legal), las empresas deberán esforzarse por hacer las cosas lo mejor posible, lo que les llevará a aumentar sus beneficios y su valor, logrando una correcta asignación de los recursos. La verdad es que esta última argumentación parece convincente, y la podríamos resumir di- ciendo que no es lógico que cada empresario decida la asignación de los recursos en función de su particular idea del bienestar social (uno pagando un coste extra por el carbón nacional, otro pagando a los peones como si fueran ingenieros). El empresario debe producir bienes y servicios utilizando los recursos más adecuados (según su calidad y coste), para así ganarse a la clientela, aumentar sus beneficios y crear valor. Son los parlamentos los que deben marcar las

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