MANUAL GESTIÓN PÚBLICA

MANUAL GESTIÓN PÚBLICA

En lo que respecta a Buen Gobierno, principios que estaban contemplados

hace ya tiempo para los empleados públicos, véase por ejemplo los artículos 52 a 54

de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se

incorporan ahora dirigidos a los altos cargos de la Administración en esta ley, con un

régimen sancionador al que ya me he referido anteriormente, por tanto la novedad no

parece tanta, sino más bien la tardanza.

En lo que concierne a las disposiciones, recogen un plan de revisión,

simplificación y, en su caso, consolidación normativa que habrán de acometer todas

las Administraciones Públicas con el fin de conseguir una mayor calidad del

ordenamiento jurídico y una mayor transparencia en el ámbito jurídico. En esas

mismas disposiciones, se amplía la obligación de publicar la declaración de bienes y

rentas a todos los altos cargos de la Administración General del Estado y se

contempla que las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado establecerán

las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Entidades

Locales.

Finalmente, las disposiciones de la Ley establecen que la ley tendrá naturaleza

básica, excepción hecha de los artículos 8, apartados 1 y 2 (que regula el Portal de la Transparencia), y 18, apartado 2 26 , con amparo en los títulos competenciales del

artículo 149.1 puntos primero, décimo tercero y décimo octavo de la Constitución.

TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA 13.3.

La Ley de Transparencia tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la

transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de

publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–, reconoce y

garantiza el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito

subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir

los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su

incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos

los que desarrollan actividades de relevancia pública–.

26 Este último referido a las funciones de las Unidades de Información especializadas en el ámbito de la Administración General del Estado que consisten en sistemas de organización interna para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos.

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