MANUAL GESTIÓN PÚBLICA PERÚ

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Se caracteriza también por la expedición de un conjunto de normas que

tuvieron por finalidad sistematizar, cada una en su ámbito, la regulación de los

procedimientos contractuales para las adquisiciones de bienes y servicios y la

contratación de obras públicas por parte de las entidades estatales. Tal fue el caso del

denominado Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas

(RULCOP) aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 034-80-VC para la contratación

de obras públicas; el Reglamento Único de Adquisiciones (RUA) que fuera aprobado

mediante Decreto Supremo Nº 065-85-VC para la adquisición de bienes, servicios y

suministros, y de la ley Nº 23554 para la contratación de actividades de consultoría y

su reglamento general (REGAC).

Los dos primeros, es decir el RULCOP y el RUA, no obstante haber sido

aprobados por el Poder Ejecutivo en calidad de reglamentos autónomos se les dotó

de fuerza de ley en su oportunidad.

Los citados dispositivos, no realizaron diferenciación alguna entre contratos

administrativos y contratos estatales sujetos al derecho privado, regularon también

casi exclusivamente los procedimientos administrativos de adjudicación o selección de

contratistas, y por primera vez crearon en este ámbito instancias administrativas

encargadas de resolver en último grado las controversias que se generaban durante la

fase precontractual, tal fue el caso de los Consejos de Adquisiciones Departamentales

para los procedimientos administrativos regulados por el RUA y del denominado

Consejo Superior de Licitaciones y Contratos Obras Públicas (CONSULCOP), este

último configurado como un verdadero tribunal administrativo estaba facultado para

resolver en sede administrativa incluso las controversias que se generasen durante la

ejecución del contrato entre la entidad administrativa contratante y el contratista

privado, sin perjuicio de que cualquiera de las partes en caso de disconformidad con la

resolución de CONSULCOP podía cuestionarla ante el Poder Judicial mediante el

proceso contencioso administrativo.

La Constitución de 1993, al igual que su predecesora de 1979, consagra un

precepto constitucional6 que establece el marco de referencia para las adquisiciones

de bienes, servicios y suministros y la contratación de obras por parte de las entidades

administrativas, disponiendo que las entidades estatales están obligadas a sujetarse a

los procedimientos administrativos de licitación o concurso público que establezcan las

leyes respectivas, con la finalidad de garantizar la correcta utilización de los recursos

públicos y permitir la libre concurrencia de postores.

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